Artículo de opinión de las sindicalistas Maria Balda (ELA), Roxika Iriarte (LAB), Amaia Zubieta (STEILAS), Maura Rodrigo (CGT) e Iratxe Alvarez (ESK):
En las últimas semanas el
tema del TAV en Navarra vuelve a estar de actualidad por la falta de
acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra.
El
TAV es una competencia del Gobierno español. Sin embargo, en su día, el
anterior Gobierno de Navarra firmó un Convenio con el Gobierno español,
según el cual Navarra se hacía cargo de la ejecución de la obra,
adelantando el dinero que después debería devolver el estado español.
El
actual Gobierno de Navarra ha planteado firmar un nuevo Convenio, que
sustituya al anterior, sin cuestionar en absoluto el fondo del proyecto.
Así mismo, el Gobierno de Navarra ha condicionado la firma del convenio
para el TAV a la firma del Convenio Económico entre el Estado y
Navarra. Ante el desacuerdo de Geroa Bai con el resto de partidos que
apoyan al Gobierno, la inclusión de una partida económica en los
presupuestos del Gobierno de Navarra para el 2018 se había convertido en
su problema político, por lo que el Gobierno de Navarra quería que el
Estado se encargara de la licitación este año de los tramos
Villafranca-Olite y Olite-Peralta, y de las obras en 2018.
Mientras
el Ministerio de Fomento ha pretendido separar el convenio del TAV de
las negociaciones del Convenio Económico, exigía al Gobierno foral que
cumpliese lo acordado en el convenio en vigor, de tal forma que licite
este año los dos próximos tramos y ejecute las obras desde el próximo,
siendo la garantía para ello, la inclusión de una partida presupuestaria
a este fin.
Pero no queremos limitarnos a los términos de este
debate, a nuestro modo de ver superficial. Pretendemos dar un paso más
allá y denunciar el fondo de la cuestión: Independientemente de quién
sea el responsable de ejecutar las obras, el TAV es una infraestructura
que carece de justificación económica, social, medio ambiental o de
interés general.
Como se ve, todo el conflicto se limita a un
desacuerdo sobre cuál es el órgano político que tiene la responsabilidad
en la ejecución de las obras. De lo que se deduce que, ambas partes
están de acuerdo en que el TAV se debe construir. O en otras palabras,
atribuyen justificación meramente política y le dan la etiqueta de
estratégica a una infraestructura que carece de estudio alguno que avale
su rentabilidad económica, social o medio ambiental. Sobre todo si se
tiene en cuenta que esas partidas se detraen de otras en las que sí hay
necesidades, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Esto
supone una transferencia vía impuestos de las capas más pobres a las
más ricas de la sociedad. Que es contraria al interés general. Que es
insostenible al afectar a multitud de dimensiones ambientales con su
construcción (fragmentación de hábitat, biodiversidad, ocupación de
suelo fértil, impacto visual y paisajístico, ruido, vibraciones, etc.).
Que tiene efectos fuertemente centralizadores al dejar a muchos
territorios desprovistos de conexión con el ferrocarril cuando hasta
ahora sí tenían.
Por todas estas razones, es obvio que la
postura más razonable en cuanto al TAV debe ser la de su paralización.
Es necesario someter la red ferroviaria navarra a su correspondiente
debate social real para ver cuál es verdaderamente el interés general de
la ciudadanía navarra en esta materia. ¿Qué queremos, un tren
sostenible, social y rentable que vertebre el territorio? O ¿Queremos un
modelo centralizador, caro, carente de análisis de rentabilidad y
basado en criterios meramente políticos?
Las personas
firmantes de este escrito, lo tenemos claro: ya que la ciudadanía
navarra es quien sufrirá las consecuencias de desarrollar uno u otro
proyecto, debemos ser preguntadas sobre el tipo de tren que necesitamos y
queremos. En nuestra opinión no es lícito imponer el TAV, por lo que
exijimos que la decisión la tome el pueblo.
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